Tras el hallazgo del cadáver de un ciudadano extranjero, Sebastián Woodroffe, de 41 años quien fue acusado por pobladores de ser el asesino de Olivia Arévalo, la Fiscalía consiguió la detención de dos sospechosos de haber sido quienes asesinaron al canadiense.
El Ministerio Público solicitó la detención preliminar de José Rodríguez Ramírez (56) y de Nicolás Mori Guimaraes (50). Ambos, al igual que Arévalo pertenecen a la comunidad Victoria García de Yarinacocha, en Ucayali.
Según se conoce, las autoridades han encontrado dos versiones diferentes sobre el autor de la muerte de Arévalo, lo que ha generado que los agentes no se encuentren muy seguros de que el ciudadano canadiense sea quien disparó contra la cultora d la medicina ancestral shipibo-konibo.
Una de las versiones señala que al mediodía del jueves 19, Sebastián Woodroffe habría llegado en una moto lineal al asentamiento humano intercultural Victoria García y disparó a Olivia Arévalo en la puerta de su casa. Luego de perpetrar el hecho, el vehículo no habría arrancado para la fuga del asesino, lo cual fue aprovechado por los pobladores quienes le colocaron una larga correa en el cuello y fue arrastrado hasta ahorcarlo. Posteriormente, trasladaron el cadáver hasta una chacra en donde fue enterrado. El cuerpo fue hallado y desenterrado el sábado por la Policía Nacional.
Por otro lado, el personal de Inteligencia recogió el testimonio de un testigo que afirma haber visto al hombre que llegó en la moto y señala características diferentes a las del canadiense. Este, era moreno, alto, y sería un colombiano que buscaba al hijo de Olivia para cobrarle un dinero que le había prestado.
Otra versión señala que el canadiense habría estado alojado en casa de Arévalo para tener unas sesiones de Ayahuasca. Ante esto la PNP supone que se encontraba bajo los efectos de las sustancias psicotrópicas.
Ante lo ocurrido, se ha despertado gran indignación por parte de distintas instituciones, entre ellas la Amnistía Internacional Perú. Por otro lado, La Defensoría hizo un llamado al Ministerio del Interior para investigar y asegurar la protección de defensores de los derechos humanos. También señalaron que se debe adoptar una política pública para su protección en consulta con ellas.
“El creciente incremento de actividades como la tala ilegal de madera, minería ilegal, tráfico de tierras y narcotráfico, ha colocado en una situación de especial vulnerabilidad a los integrantes de pueblos indígenas, poniendo en riesgo las vidas e integridad de sus miembros, especialmente, la de sus dirigentes y líderes”, informaron en un comunicado.
Olivia Arévalo Lomas, de 81 años, fue una reconocida lideresa de la etnia shipibo-konibo, cultora de los conocimientos tradicionales de esta etnia. Ella era conocida por cultivar la medicina tradicional y los cantos sagrados de su pueblo (Íkaros), declarados Patrimonio Cultural en junio del 2016 por el Ministerio de Cultura.
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